Atentado contra el Cine Mexicano
incluir en el paquete a la Cineteca;
ya con eso nada más falta un epitafio que diga:
los cinematografistas nos fuimos a la mierda"
José Carlos Ruiz (1)
Actor
Si cada uno de los ciudadanos de este país nos propusiéramos hacer un ejercicio de memoria sobre ciertas declaraciones o hechos que impliquen la relación Gobierno-Cultura en lo que va del sexenio, tendríamos los chistes necesarios para amenizar cualquier fiesta: que si José Luis Borgues, que si Aura es una novela hardcore -según el secretario de Trabajo, Ramón Abascal-, o que si los intelectuales son una bola de losers.
Sin embargo, la sonora carcajada que producen estas puntadas de vacilón, pronto adquiere matices dramáticos cuando de los labios del Primer Mandatario de la Nación, Vicente Fox Quezada, brota la tan estúpida como irresponsable declaración de que una persona que no sabe leer es más feliz en la vida. Por si quedaba alguna duda, la cultura para este gobierno "del cambio" vale menos que un cacahuate.
Que la cultura en foxilandia se encuentra permanentemente a la deriva no es una novedad. Que se pretenda acabar con ella por mandato presidencial es otra cosa. El pasado jueves 6 de noviembre se dio a conocer el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Gobierno para el 2004, donde sobresalen las propuestas de desicorporación, disolución, extinción, fusión, licitación... expulsión o regurgitación de más de una decena de entidades; entre otras, Notimex, Pronósticos para la Asistencia Pública, Lotería Nacional, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Exportadora de Sal y el Colegio de Postgraduados. Dentro del sector cultural, el golpe le fue asentado a Educal, el Instituo Mexicano de Cinematografía (IMCINE), el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y Estudios Churubusco Azteca.
Parecía una broma macabra, y tal vez el ataque de risa que mató a Eduardo Palomo ese mismo día en Los Ángeles, fue provocado por que alguien le comentó de la barrabasada que el Ejecutivo estaba proponiendo: acabar con más de cien años de historia cinematográfica de un sólo manotazo. Asesinarla por decreto.
El viernes 7 de noviembre se comenzaron a publicar algunas notas sobre la descabellada propuesta, justo cuando dos días antes la comunidad cinematográfica se había reunido con Santiago Creel Miranda en la Secretaría de Gobierno, llegando a acuerdos que comprometían al Estado a dar mayor apoyo a los fondos de producción cinematográfica, asentándose en una iniciativa firmada por Marcela Fernández Violante, líder general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC) y el titular de la Secretaría. Pero con el paquete de egresos propuesto para el 2003, otro secretario, el de Hacienda, Francisco Gil Díaz, echa por tierra dichos acuerdos con el pretexto de ahorrar los recursos destinados al cine para inyectarlos a programas de beneficio social.
Se es conciente de que en México no existe una industria del cine. Una o dos películas que resultan exitosas cada determinado tiempo no es como para echar las campanas al vuelo. El mentado slogan del "nuevo cine mexicano" resulta a estas alturas avinagrado y poco adecuado para referirse a una serie de películas que entre sí no tienen un mínimo común denominador. Nuestro cine en la actualidad no tiene un sólo rasgo que lo unifique, que le de una carta de naturalización y lo haga reconocible en todo el mundo. No hay un estilo dentro del cine mexicano.
Si Sexo, Pudor y Lágrimas resultó una de las películas mejor tratadas en su momento por el público y arrasó con la taquilla nacional, surgieron clones en clave de comedias pequeño burguesas que no contaron siquiera con la frescura del original. Si Amores Perros con su atrevido diseño visual y estructura capitulada in crescendo a ritmo de violencia suburbana impactó en todo el mundo, detrás de ella vinieron filmes que buscando esa misma estética amorperruna se perdieron en el limbo. Otro ejemplo, ¿qué hubiera sido de El Crimen del Padre Amaro sin la propaganda gratuita de Serrano Limón y su mochería recalcitrante?. Aceptémoslo, una golondrina no hace verano.
Que el IMCINE se encuentra empantanado, tal vez. Que se ha convertido en un elefante blanco que dedica la mayoría de su presupuesto a beneficiar a los predilectos de siempre -Arturo Ripstein por delante-, tal vez. Pero aun con todos sus defectos, que vaya si los tiene, es la Institución encargada de regular los destinos del cine en México, por lo menos de la mayor parte de la ya de por sí ridícula cifra que se produce.
Aun cuando existen instancias privadas, movimientos de cooperativas cinematográficas e incluso realizadores/productores que se mueven en la independencia total y que jamás han sido beneficiarios del dinero público vía Fidecine o Foprocine, por lo que podría no afectarles la desaparición del Instituto, eso no quiere decir que el Gobierno está actuando adecuadamente. Permitir la desaparición o venta de IMCINE, CCC y Churubusco, es lo mismo que permitir la privatización de PEMEX y el sector eléctrico, instituciones que no son propiedad de un hombre -el Ejecutivo-, sino de la nación. Sin embargo, parece que la política encaminada a la venta es mucho más práctica que iniciar un proyecto de reestructuración no sólo de forma, sino de fondo. Pero, ¿qué podemos esperar del gerente de ventas de Coca Cola, que aun no se ha dado cuenta que el país necesita un político responsable y no un gerente ávido de su comisión por ventas? Vicente, diriges una República, no una transnacional.
Al parecer, eso es lo que el gobierno foxista está esperando en materia de cine, las comisiones que Hollywood pueda brindarle. Cuando el H. Congreso de la Unión acepta en el 2002 el cobro de un peso en taquilla en apoyo del cine mexicano, el infame Jack Valenti, presidente de la Motion Pictures Association of America (la inquisitorial MPAA), echa abajo la propuesta por medio de ciertas declaraciones y recomendaciones que desembocaron en un comunicado fechado el 26 de junio del 2003, donde la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía calificó de anticonstitucional el cobro del peso en taquilla, y días después, la Secretaría de Hacienda afirmó que un cine apoyado por el gobierno sólo produce películas ineficaces.
Ahora, con las propuestas de venta o desaparición de estas tres instancias cinematográficas de México, Gustavo Montiel, ex director del CCC, declara lo siguiente: "sigue pareciendo que Jack Valenti le dice al presidente Vicente Fox ya acaba con el cine, con los institutos, las escuelas, yo te voy a dar lana, te voy a poner cines, te voy a poner unos estudios en San Miguel de Allende y vas a ser muy feliz". (2).
Si Gil Díaz afirma que la desaparición del Instituto, estudios y escuela de cine repercutirá positivamente en el beneficio social en otros sectores, comparemos su declaración con la veracidad de las cifras que nos brinda un ejemplo muy claro: Foprocine, puesto en marcha en 1998 con un presupuesto de 135 millones de pesos -y que a la fecha no ha vuelto a recibir un sólo quinto de financiamiento- ha apoyado la producción de 44 películas logrando aportar a la Secretaria de Hacienda alrededor de 296 millones de pesos por concepto de pagos de IVA e ISR, duplicando con ello la inversión inicial. Señor Gil, ¿acaso la secretaría a su cargo no ha salido beneficiada con el pago de estos impuesto? Ahora que si ese dinero no es destinado a sus loables esfuerzos de apoyo a "beneficio social", pues es cuestión de cómo maneje usted sus ingresos y egresos.
En tanto, los Estudios Churubusco han recibido a la mayoría de las cintas filmadas en nuestro país en los últimos años, incluyendo producciones extranjeras como Frida o Man on Fire. La ventaja de filmar en estos estudios es su capacidad de albergue de superproducciones y el servicio que brinda de laboratorios para la postproducción y salas mezcladoras de sonido en formato THX.
Como una forma para promover la inversión extranjera y atraer un mayor número de producciones, Mario Aguinaga, director de Estudios Churubusco, anunció a mediados de este año una muy viable propuesta de apoyo vía coproducción a las cintas que solicitaran los servicios de los estudios, que aportarían hasta el 50% del costo total. Por otra parte, la desaparición de los Churubusco significaría el tiro de gracia para los cineastas nacionales, sean o no apoyados por IMCINE, pues aun los independientes echan mano de sus servicios técnicos de postproducción, que de no existir, deberían hacerse en el extranjero -Estados Unidos, principalmente- a costos mucho más elevados.
Nuevamente debe pedirse a la sociedad y a los legisladores que hagan un ejercicio de memoria y recuerden que hace una década la venta de Compañía Operadora de Teatros (COTSA) y de los estudios América no fue la panacea que se esperaba, y por el contrario, se perdió un importante espacio de exhibición; mercado que hoy en día se encuentra en manos de particulares y trasnacionales poco o nada interesadas en difundir el cine mexicano, que bueno o malo -ni modo, a veces los juicios de valor se hacen imprescindibles- es el producido aquí, con todo y las fuentes de empleo que produce.
Las reacciones y declaraciones van de un lado a otro, según la trinchera que se defienda. Mientras los representantes de las comisiones de cultura del RTC, de la Cámara de Diputados y otros legisladores como Marcela Guerra del PRI, Dolores Gutiérrez del PRD y hasta el panista Manuel Gómez Morín, en medio de tibias declaraciones deciden cerrar paulatinamente sus filas en contra de la propuesta -esperemos que en verdad decidan rechazarla- y pretenden ayudar a la subsistencia del cine mexicano, la comunidad cinematográfica internacional alza voces más enérgicas en contra de este escándalo.
En una reunión del gremio cinematográfico efectuada el pasado miércoles 12 de noviembre en el teatro de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), Alfredo Gurrola, secretario de la sección de directores del STPC, dio a conocer diversas cartas de apoyo provenientes de asociaciones internacionales como las siguientes:
La Organización de Directores Daneses asienta que apoya a sus colegas mexicanos "en contra de la estupidez de la venta de la cultura mexicana"; el Gremio de Directores de Canadá expresa que "el gobierno mexicano está cometiendo un suicidio cultural al insistir en medir el cine simplemente por su valor comercial y de entretenimiento" y por el mismo tenor van las declaraciones del Gremio de Directores de Nueva Zelanda: "no sólo rechazamos esa iniciativa, sino que conminamos al gobierno para que regrese al diálogo en la búsqueda de nuevos y más apoyos al cine mexicano, embajador del pueblo ante el mundo". (3)
En tanto, los afectados nacionales se expresan de manera contradictoria. Alfonso Arau, director de Zapata, afirma que no es obligación del gobierno producir películas vía IMCINE, y que en su lugar debería promulgar leyes que garanticen estímulos fiscales para que la iniciativa privada se decida a invertir en el ramo: "el subsidio al cine es una lacra de la producción, pues sólo unos cuantos se benefician de él" (4). Aunque tiene parte de razón al decir que son pocos los cineastas que se benefician del Instituto, cabría aclarar que no todos los cineastas cuentan, como él, con las misteriosas y "sorpresivas" visitas al set de filmación de potentados millonarios -léase El Divino-, sospechosos de inyectar dinero a sus proyectos.
Efectivamente, como bien indica Arau, el IMCINE debería promover más que producir. Como compañía productora es obvio que no cuenta con la infraestructura necesaria; y como promotora y distribuidora de sus propios filmes, no ha cumplido en rigor con lo que deberían ser sus funciones. Esa es la principal razón por la que vemos estrenadas sus películas con apenas seis copias lanzadas al mercado, lo que acarrea necesariamente una nula presencia en los complejos cinematográficos, donde las cintas mexicanas con mayor publicidad y exhibición son las más comerciales, las menos propositivas y donde la participación del Instituto -en calidad de coproductor- es mínima o completamente nula.
Aun así, la ineficacia del Instituto no debe tomarse como un pretexto, pues sería tan absurdo como el esgrimido por el Ejecutivo en la línea de que el dinero recuperado por su venta o desaparición servirá para ayudar a los sectores económicamente más desprotegidos:
"Vamos a deshacernos de esos activos para llevar ese dinero a las escuelas, para llevarlo al combate a la pobreza, para llevarlo a construir infraestructura que tanta falta nos hace en el país..." (5) . Pero como el buen hombre no tiene ni idea de lo que en realidad está proponiendo, ni siquiera sabe qué vender: "No me lo van a creer, pero no hemos vendido buena parte de esos activos porque no existía un registro actualizado de ellos, ni existían los documentos de propiedad o las escrituras. Nos ha tomado tres años hacer esa tarea" (6) . Estas son las infortunadas declaraciones de Vicente Fox, donde deja bastante claro que su único trabajo en tres años de mandato ha sido ver cuales son las instancias con mayor oportunidad de venta, sin importar si éstas son, o no, las referentes a la cultura.
A esas declaraciones responde así el coordinador de la bancada del PVEM en la Cámara de Diputados, Jorge Kahwagi: "A este paso, el Ejecutivo acabará vendiendo las pirámides de Teotihuacan y el Castillo de Chapultepec." (7) y si no lo venden, por lo menos lo rentarán para que cante Elton John o para fiestas de quinceañeras de alta alcurnia.
Por si no se han dado cuenta, señores dirigentes de éste país al que se empeñan en fraccionar y vender por lotes, no son las instituciones públicas las que funcionan deficientemente, sino sus dirigentes, burócratas que, en este caso en particular, no quieren saber nada acerca de la cultura, negando no sólo la identidad nacional, sino la propia. Un hombre sin cultura es un hombre hueco, sin idiosincrasia, sin pasado y sin futuro. Pueden estar preparados para vender refrescos, pero nunca para esgrimir un discurso de justificación lógica y coherente ante sus actos. Y así nos lo dejan ver.
La siempre desatinada Sari Bermúdez, titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) declaró en la inauguración del Festival de Escuelas de Cine organizado por el CCC, apenas dos días antes de que se diera a conocer la propuesta del paquete fiscal, que el apoyo del Ejecutivo -quien a su vez enalteció los logros del cine nacional en su Tercer Informe de Gobierno- hacia la industria cinematográfica era cada vez mayor y que pronto alcanzaríamos la meta de las 50 cintas producidas por año y que "deben producirse más películas, porque a mí el cine me encanta" (8) , clásica línea argumentativa de quien se pone a jugar a las escondidas en medio de los legendarios soldados de arcilla de la China Imperial.
Por otro lado, la contradicción en el seno del gabinete es de no creerse. Mientras Gil Díaz, desde Hacienda, pone en la guillotina al cine nacional, el pleno del Senado de la República ratifica un acuerdo de coproducción cinematográfica entre España y México, firmado en abril ni más ni menos que por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, convenio que debe de ser puesto en marcha por el sentenciado IMCINE (9) . Pareciera que la comunicación intersecretarial no es la mayor virtud en los despachos de Creel, Gil y Derbez, (ojo, tres presidenciables del blanquiazul) que se pasan la vida descalificándose uno a otro.
Claro está que el cine en particular y la cultura en general no es prioridad en este sexenio, pues no hay que olvidar, además, el oneroso cargo de impuestos al sector editorial que se pretende implementar. Pero más allá de hacer chistes simples como las mentadas pesadillas de la escritora Laura Esquivel donde imagina a Freddy Krueger y Jason Voorhees destazando alumnos del CCC y que Gil Díaz es Viruta, y más allá de performances inútiles donde los aspirantes a directores de cine se ahorcan con celuloide, debemos ser combativos para evitar la perdida de la identidad cultural de frente al imperialismo yanqui que ya domina los tiempos de exhibición.
Pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de ser autocríticos para aceptar que si éstas y otras instituciones no son funcionales, se hace necesaria una reestructuración de fondo, una reforma de los estatutos que rigen a la cinematografía nacional, una propuesta real de fomentos a la producción privada y una seria elaboración de planes de distribución, pero no permitir su desaparición. Y sobre todo, exigir que sea gente propositiva, de sangre nueva, perspectiva visionaria, amantes del sector cultural y cinematográfico quienes se hagan cargo de su dirigencia y por ningún motivo permitir que sea la misma burocracia, pero con distinto nombre, los que vuelvan a acceder a las cabezas del sector.
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